En el marco del debate nacional por la reforma de la Ley de Glaciares, el diputado nacional por Santa Cruz, Juan Carlos Molina (Unión por la Patria), manifesto su rechazo a la iniciativa y advirtió sobre sus posibles consecuencias en materia ambiental, económica y de soberanía.
Durante una entrevista radial hoy en La Mañana Lider , el legislador sostuvo que la propuesta “no es una simple modificación” de la normativa vigente, sino que implica cambios profundos que podrían habilitar la explotación de zonas sensibles como glaciares, periglaciares y cuencas hídricas. En ese sentido, consideró que el proyecto “podría llamarse la ley de la megaminería o la ley de la entrega del agua”, al entender que prioriza intereses extractivos por sobre la protección de los recursos naturales.
Molina explicó que uno de los puntos más críticos de la reforma es la posibilidad de que las provincias tengan mayor autonomía para decidir sobre estas áreas, lo que, a su criterio, podría derivar en una “delegación sin controles adecuados”. “No se puede entregar un cheque en blanco cuando muchas provincias no cuentan con la capacidad técnica para evaluar estos ecosistemas”, afirmó.
Asimismo, el diputado enmarcó esta discusión en un contexto más amplio, al mencionar otros proyectos en debate como la modificación de la Ley de Tierras y la posible derogación de la Ley del Fuego. “Es un combo de leyes que hay que mirar en conjunto, porque afectan directamente a los recursos estratégicos del país como la tierra y el agua”, remarcó.
En relación al proceso legislativo, cuestionó la rapidez con la que se trató la iniciativa y la falta de participación ciudadana. Según indicó, más de 100.000 personas se inscribieron para exponer en audiencias públicas, pero solo una pequeña parte pudo hacerlo. “No se escuchó a la mayoría y, en cambio, sí se le dio lugar a sectores vinculados a la minería”, señaló.
Por otro lado, Molina aclaró que su postura no implica un rechazo a la actividad minera, sino que apunta a discutirla “de manera seria y transparente”. En esa línea, planteó la necesidad de revisar el impacto del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su efecto en las economías provinciales. “Santa Cruz es una de las principales exportadoras de oro, pero eso no se traduce en empleo ni en ingresos significativos para la provincia”, sostuvo.
Finalmente, el legislador llamó a dar un debate profundo sobre el modelo de desarrollo y el uso de los recursos naturales. “Tenemos una provincia rica, pero hay que hacerla producir bien, cuidando el ambiente y garantizando beneficios para la comunidad”, concluyó.
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