La discusión por la nueva Ley de Financiamiento impulsada por el gobernador Claudio Vidal volvió a poner en el centro del debate el uso de la deuda pública en Santa Cruz. Mientras sectores de la oposición cuestionan el pedido de autorización para acceder a financiamiento por hasta USD 600 millones, desde el Gobierno provincial respondieron que durante las gestiones kirchneristas se aprobaron mecanismos similares e incluso por montos mayores.
Según datos oficiales del Ministerio de Economía, entre 2003 y 2023 la provincia acumuló deuda equivalente a más de USD 2.100 millones. El detalle por gestión marca que durante el gobierno de Sergio Acevedo se tomaron compromisos por USD 67,2 millones; durante la administración de Daniel Peralta, USD 1.419 millones; y bajo el mandato de Alicia Kirchner, USD 612,8 millones.
Desde la actual gestión sostienen que existe una diferencia de fondo entre aquellos endeudamientos y el esquema que hoy propone el Ejecutivo provincial. El ministro de Economía, Ezequiel Verbes, afirmó que gran parte de la deuda tomada en las últimas dos décadas estuvo destinada a cubrir déficit estructurales, refinanciaciones y gastos corrientes, mientras que el nuevo proyecto apunta a financiar infraestructura estratégica, desarrollo productivo y administración ordenada de pasivos.
“El objetivo ahora es generar herramientas de financiamiento para obras energéticas, viales, productivas y de servicios, en un contexto de caída de ingresos nacionales y disminución de regalías petroleras”, señalaron desde el Ejecutivo.
Uno de los puntos más cuestionados por la oposición es la posibilidad de tomar deuda en moneda extranjera y aceptar jurisdicción internacional en eventuales litigios. Sin embargo, el oficialismo recordó que durante el gobierno de Alicia Kirchner se aprobaron las leyes provinciales N.º 3479 y N.º 3503, que habilitaron operaciones de crédito “en pesos o su equivalente en monedas extranjeras”, incluyendo además la cesión de regalías y fondos de coparticipación como garantía de pago.
La Ley 3479 también contemplaba utilizar esos fondos para afrontar pagos de deuda, regularizar atrasos de Tesorería y asistir al Estado provincial en gastos corrientes, municipios y salarios. Posteriormente, la Ley 3503 autorizó expresamente la prórroga de jurisdicción extranjera para futuras operaciones de endeudamiento, una herramienta habitual en los mercados internacionales.
“Nos critican por mecanismos que ellos mismos aprobaron y que incluso siguen vigentes”, sostuvo Verbes, quien comparó el endeudamiento para cubrir gastos corrientes con “usar una tarjeta de crédito para pagar el supermercado sin generar nuevos ingresos”.
El proyecto enviado ahora a la Cámara de Diputados autoriza operaciones de crédito público por hasta USD 600 millones, con plazos de amortización de hasta 15 años. La iniciativa contempla emisión de títulos públicos, acuerdos con organismos multilaterales y créditos internacionales.
Desde el Gobierno aseguran que la provincia enfrenta necesidades financieras superiores a los $356.000 millones debido al déficit previsional, la caída de transferencias nacionales y la baja de recaudación producto de la desaceleración económica.
En tanto, la oposición kirchnerista insiste en rechazar cualquier mecanismo de endeudamiento en dólares y sostiene que “antes que el endeudamiento, está el pueblo”. El debate, además de económico, refleja una fuerte disputa política sobre el modelo de administración financiera de la provincia y el uso del crédito público como herramienta de gestión.
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