El referente de AADI y representante de las ONG ante el Consejo Federal de Discapacidad valoró la reglamentación de la Ley Provincial N.º 3820, aunque advirtió que todavía resta analizar en profundidad su contenido y garantizar los recursos necesarios para que los derechos establecidos puedan hacerse efectivos.
La reglamentación de la Ley Provincial de Discapacidad N.º 3820 representa un avance para las personas con discapacidad en Santa Cruz, aunque desde las organizaciones que trabajan en la temática consideran que se trata de un punto de partida y que todavía quedan aspectos por revisar y fortalecer.
Así lo señaló Diego de la Mata, referente de AADI y representante de las organizaciones no gubernamentales ante el Consejo Federal de Discapacidad, durante una entrevista en Radio Líder. La Ley 3820 fue aprobada en diciembre de 2022 y, según explicó, su reglamentación llega luego de aproximadamente tres años y medio de trabajo sostenido por parte de las ONG.
De la Mata explicó que la reglamentación permite establecer cómo debe aplicarse la ley en los distintos ámbitos. Para graficarlo, comparó la normativa con “los ingredientes” necesarios para preparar una comida, mientras que la reglamentación determina cómo deben combinarse esos elementos para que el resultado sea efectivo.
Un análisis que recién comienza
El dirigente aclaró que las organizaciones todavía no tuvieron el tiempo suficiente para analizar en profundidad el texto reglamentario, ya que recibieron el documento recientemente. Sin embargo, señaló como una de sus primeras preocupaciones el organismo encargado de aplicar la normativa, al tratarse de una subsecretaría dependiente de un ministerio.
En ese sentido, adelantó que distintas organizaciones se reunirán en Río Gallegos para analizar la reglamentación “punto por punto, artículo por artículo” y elaborar posteriormente un documento con las observaciones y conclusiones de las ONG participantes.
Derechos en salud, educación, justicia y trabajo
De la Mata destacó que la Ley 3820 constituye una normativa “de avanzada”, ya que incorpora los parámetros establecidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La nueva legislación reemplaza a la Ley 1662, sancionada en 1984, que según explicó había quedado desactualizada frente a los nuevos estándares y derechos reconocidos.
Entre los principales avances mencionó derechos vinculados con la salud, la educación, el acceso a la justicia, el ingreso al IDUV, el acceso al trabajo y la cobertura social. Sin embargo, remarcó que la aplicación efectiva dependerá también de las decisiones del Poder Ejecutivo y de los recursos económicos destinados a su cumplimiento.
“La ley madre es el presupuesto”
Uno de los puntos centrales planteados durante la entrevista fue la necesidad de que la normativa esté acompañada por presupuesto.
De la Mata sostuvo que no alcanza con establecer derechos en una ley si no existen los recursos necesarios para garantizarlos. En ese marco, explicó que la discapacidad no debe abordarse únicamente desde una perspectiva asistencial, como puede ser la entrega de alimentos ante una situación de necesidad, sino que también debe contemplar el acceso al deporte, la rehabilitación, la salud y la justicia.
También hizo referencia a la creciente demanda que enfrenta el sistema público de salud en Santa Cruz debido a la pérdida de cobertura de distintas obras sociales, lo que genera una mayor presión sobre hospitales y profesionales.
Críticas a las auditorías de pensiones
Durante la entrevista, el referente de ADI también cuestionó la modalidad de auditoría de las pensiones no contributivas para personas con discapacidad, particularmente cuando implica que los beneficiarios deban trasladarse personalmente para acreditar su situación.
Consideró que, teniendo en cuenta que las personas cuentan con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y que existen herramientas digitales, podrían implementarse mecanismos de control a distancia que eviten traslados innecesarios y las dificultades que estos representan para personas con discapacidad y sus familias.
“Es un avance, es un punto de partida”
A pesar de las observaciones y preocupaciones planteadas, De la Mata remarcó que desde las organizaciones prefieren contar con una reglamentación que pueda ser revisada y modificada antes que no tener ninguna herramienta para aplicar la ley.
“Se puede corregir, se puede modificar”, sostuvo, al remarcar que las normas y reglamentaciones pueden actualizarse de acuerdo con las necesidades que surjan en su implementación.
Finalmente, consideró que la reglamentación constituye un avance, aunque todavía queda mucho trabajo por delante. “Es un punto de partida, no un punto de llegada”, expresó, anticipando que las ONG continuarán trabajando sobre el texto y que buscarán comunicar sus conclusiones a la comunidad una vez elaborado el documento correspondiente.
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