El secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, Javier Aravena, explicó en diálogo con La Mañana Líder la situación detectada durante las inspecciones realizadas en el yacimiento Cerro Negro. Aclaró además que el episodio registrado con una solución cianurada ocurrió en un sector del laboratorio y remarcó que la prioridad del Gobierno provincial es garantizar la seguridad de los trabajadores.
La situación de la empresa Newmont, operadora del yacimiento Cerro Negro, volvió a ocupar la agenda pública luego de una serie de inspecciones realizadas por autoridades laborales de la provincia de Santa Cruz.
En diálogo con La Mañana Líder de Puerto San Julián, el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, brindó detalles sobre las irregularidades detectadas y aclaró algunos aspectos vinculados al episodio informado durante los últimos días como un supuesto “derrame de cianuro”.
Aravena precisó que técnicamente no se trató de un derrame de cianuro, sino de una pérdida de una solución de agua con cianuro en un sector del laboratorio. Según explicó, se detectó la ausencia de una bandeja de contención, lo que permitió que la solución afectara el piso y parte de una estructura del lugar.
“Lo que hemos detectado es un comportamiento no ajustado a las normas y a los procedimientos necesarios para la contención”, señaló el funcionario, quien de todos modos calificó la situación como una falta grave por el riesgo que representa para los trabajadores que desarrollan tareas en ese sector.
Ocho lugares de trabajo fueron paralizados
El funcionario explicó que las inspecciones comenzaron durante mayo, antes del inicio del período invernal, y abarcaron distintos yacimientos mineros de la provincia. Según indicó, se encontraron irregularidades en materia de seguridad e higiene en diferentes empresas, aunque destacó que en otros casos hubo predisposición para realizar las correcciones solicitadas.
En el caso de Newmont, Aravena sostuvo que no encontraron la misma recepción y que, posteriormente, durante nuevas inspecciones, se detectaron situaciones consideradas de gravedad.
Como consecuencia de esas condiciones, la Secretaría de Estado de Trabajo ordenó el cese de actividades en ocho lugares de trabajo, debido al potencial riesgo para los trabajadores si las situaciones observadas persistían.
Cruce por el ingreso de los inspectores
Aravena también se refirió a las dificultades que tuvieron los inspectores provinciales para ingresar al yacimiento. Explicó que inicialmente permanecieron varias horas en los portones y que posteriormente se produjo una prohibición de ingreso.
Ante esa situación, la autoridad laboral recurrió a la Justicia de Las Heras y obtuvo una orden que permitió el ingreso de los funcionarios provinciales para realizar las inspecciones correspondientes.
No obstante, Aravena aclaró que el conflicto por el ingreso no constituye el eje central de la preocupación de la cartera laboral.
“Las circunstancias agravan justamente por el carácter obstructivo de la actividad de los inspectores, pero la situación que nosotros calificamos como grave son las condiciones de seguridad de los trabajadores y la higiene de los lugares de trabajo”, sostuvo.
El antecedente de los trabajadores fallecidos
Durante la entrevista también se abordó el antecedente del fallecimiento de dos trabajadores en el yacimiento.
Aravena recordó que el hecho continúa bajo investigación judicial y señaló que desde la Secretaría de Trabajo se realizó el correspondiente sumario. El funcionario aseguró que el recuerdo de ambos trabajadores está presente cada vez que las autoridades regresan al yacimiento.
En ese sentido, sostuvo que la mejor manera de homenajearlos es no resignar las condiciones de seguridad y exigir el cumplimiento de las normas para todos los trabajadores mineros.
“No hay un paso atrás” en seguridad laboral
Respecto de la posibilidad de que la situación genere consecuencias sobre la continuidad de la empresa y, eventualmente, sobre los puestos de trabajo, Aravena afirmó que el Gobierno provincial no está evaluando actualmente una eventual salida de Newmont de Santa Cruz.
Por el contrario, consideró que debe primar la “sensatez” y anticipó que se buscará trabajar junto con la compañía y los sindicatos para avanzar en planes de mejora y recuperación del sector.
Sin embargo, fue categórico al señalar que el cumplimiento de las normas de seguridad no será negociado.
“El cumplimiento de las normas de seguridad no va a pasar a ser parte del anecdotario colectivo”, afirmó, y remarcó que se trata de una decisión política del gobernador Claudio Vidal para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores santacruceños.
Acompañamiento de los gremios
Finalmente, Aravena destacó el acompañamiento recibido por distintas organizaciones sindicales vinculadas a la actividad minera y a los trabajadores.
Mencionó a AOMA, ASIMRA, UPSAP, UTICRA, Camioneros y UOCRA, cuyos representantes, según explicó, participaron y aportaron tanto desde el conocimiento específico de la actividad como desde el área de seguridad e higiene.
El funcionario sostuvo que existe una coincidencia entre el Gobierno provincial, los trabajadores y las organizaciones sindicales respecto de la necesidad de avanzar en una actividad minera que garantice empleo, producción y, fundamentalmente, condiciones laborales seguras.
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