El Gobierno Provincial formalizó la reglamentación de la normativa durante un acto realizado en Casa de Gobierno. El nuevo marco establece herramientas, recursos y responsabilidades para garantizar la aplicación efectiva de la ley y fortalecer las políticas de inclusión en todo el territorio santacruceño.
El Gobierno de Santa Cruz presentó oficialmente la reglamentación de la Ley N° 3820 de Discapacidad, durante un acto desarrollado en la Sala de Situación “Gobernador Juan Manuel Gregores” de Casa de Gobierno.
La medida busca establecer el marco operativo necesario para garantizar el desarrollo integral y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad, fortaleciendo las políticas públicas destinadas al sector y promoviendo una intervención articulada entre los distintos organismos del Estado.
La ceremonia estuvo encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Igualdad e Integración, Sebastián Georgion; el secretario de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, Luis Quiroga; y la subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa. También participaron integrantes del Gabinete provincial, legisladores, ediles, directores de escuelas especiales y referentes del área de discapacidad de distintas localidades.
Una política que busca superar el asistencialismo
Durante el encuentro, las autoridades destacaron el trabajo técnico y el proceso de consenso desarrollado durante el último año para avanzar en la reglamentación, al tiempo que remarcaron la importancia de acompañar la aplicación de la norma con recursos específicos.
El ministro Sebastián Georgion sostuvo que la reglamentación implica transformar en acciones concretas los compromisos asumidos desde el Estado.
“Es fundamental ser consecuente entre lo que proyectamos desde la Cámara de Diputados y lo que implica desde lo presupuestario llevar adelante. Nosotros no somos relatos, venimos a cumplir lo que dijimos que íbamos a hacer; este es un ejemplo de poner en valor la visibilidad y hablar de inclusión en serio”.
En esa línea, planteó la necesidad de modificar el enfoque de las políticas sociales: “Tenemos que institucionalizar, reglamentar y generar leyes que nos permitan hacer una transformación de Desarrollo Social, que la pata fuerte no sea solamente el asistencialismo”, afirmó.
Más de 900 millones de pesos destinados al área
Por su parte, Luis Quiroga destacó los recursos destinados durante el año a atender situaciones vinculadas específicamente con discapacidad.
“En lo que va del año, asciende más o menos a 900 millones de pesos que se atiende por situaciones exclusivamente especiales y al área de discapacidad”.
El funcionario remarcó que las políticas destinadas al sector deben contemplar a toda la familia, incluyendo a niños, adolescentes y adultos.
“Estamos involucrados en las personas con discapacidad desde el sentimiento, los vínculos y lo familiar. Cuando ingresamos dijimos que hay que cambiar la matriz de intervención de lo social en el territorio”, señaló.
Un año de trabajo y consenso
La subsecretaria de Políticas para Personas con Discapacidad, Alejandra Ulloa, destacó el proceso de elaboración de la reglamentación y el diálogo mantenido con asociaciones, familias y representantes del Estado.
“Fue un año de mucho trabajo. No fue fácil, tuvimos que consensuar ambas partes, asociaciones, familia y Estado”, explicó.
Ulloa señaló además que la reglamentación demandó definiciones vinculadas con el presupuesto y con la manera de implementar la normativa en cada localidad.
“Había que tomar decisiones políticas, ya sea con el presupuesto, analizar cómo íbamos a encarar la situación, ver cómo podemos posicionar esta reglamentación desde concejales hasta intendentes”, sostuvo.
Los municipios tendrán un rol central
Uno de los aspectos contemplados en la implementación será la adhesión de los municipios, además de la articulación con distintos organismos provinciales, entre ellos el Consejo Provincial de Educación y el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).
En este sentido, Quiroga remarcó la importancia de la participación de concejales e intendentes para garantizar que la normativa pueda aplicarse de manera efectiva en todo el territorio.
“Los concejales tienen una misión muy importante: adherir a la ley y trabajar articuladamente con el gobierno provincial. Lo social es transversal, nos atraviesa a todos y no hay cuestiones políticas que nos diferencien”, afirmó.
El funcionario sostuvo que detrás de la normativa existen personas y familias que necesitan respuestas concretas por parte del Estado.
“Detrás de esta ley hay personas que necesitan de la atención y de que todos nos involucremos para darles la mejor calidad de vida”, expresó.
Finalmente, Ulloa resumió el alcance de la nueva etapa de implementación: “Reglamentar es garantizar, es ponerle nombre, presupuesto y responsables a cada artículo”.
Con la reglamentación de la Ley N° 3820, Santa Cruz avanza en la puesta en marcha de un marco operativo para fortalecer las políticas de discapacidad, promover la inclusión y garantizar una respuesta estatal articulada para las personas con discapacidad y sus familias en las distintas localidades de la provincia.
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