Javier Aravena detalló el mecanismo de aplicación de la normativa, las inspecciones que se realizan en empresas mineras y petroleras y las excepciones contempladas para determinados puestos laborales. También informó sobre las gestiones por los salarios adeudados a trabajadores de Autofarma.
La aplicación del esquema de empleo local establecido por la Ley 90/10 continúa durante 2026 con controles por parte de la autoridad laboral de Santa Cruz. La normativa establece una proporción del 90% de trabajadores residentes en la provincia y hasta un 10% de trabajadores no residentes, con determinadas excepciones previstas para casos específicos.
En diálogo con Radio Líder de Puerto San Julián, Javier Aravena, secretario de Estado de Trabajo de Santa Cruz, explicó que las empresas tuvieron plazo hasta el 30 de abril de 2026 para adecuarse al nuevo esquema laboral. A partir de ese momento, se comenzó a avanzar con los mecanismos de control y registración establecidos por la normativa.
Uno de los instrumentos utilizados para el seguimiento es el CIREL, sistema mediante el cual las empresas deben registrar tanto a la compañía como a sus trabajadores. A esto se suman las inspecciones presenciales que se llevan adelante en los establecimientos.
“Nosotros somos la autoridad de aplicación y tenemos un equipo importante de inspectores que permanentemente recorre los yacimientos”, explicó Aravena durante la entrevista.
Controles en los yacimientos
Según detalló, las inspecciones abarcan distintas actividades productivas de la provincia, entre ellas la minería y el sector petrolero. Consultado específicamente sobre los yacimientos de la zona, confirmó que los controles también alcanzan a Cerro Vanguardia.
La información obtenida durante las inspecciones es procesada por el organismo laboral para determinar el nivel de cumplimiento de la normativa. Aravena aclaró que los resultados particulares de las constataciones se mantienen bajo reserva debido a que involucran información de empresas y trabajadores y están alcanzados por la protección de datos.
Las excepciones contempladas por la normativa
Aravena explicó que el esquema 90/10 contempla diferentes situaciones de excepción. Entre ellas se encuentran el porcentaje de trabajadores no residentes permitido por la propia norma, los equipos de conducción de las compañías y aquellos puestos que requieren mano de obra altamente calificada.
En este último caso mencionó como ejemplo a los profesionales vinculados a la ingeniería de minas, para quienes existen mecanismos de convocatoria que incluyen colegios profesionales, universidades y otros ámbitos de búsqueda.
También hizo referencia a programas de capacitación y certificación de competencias destinados a trabajadores que cuentan con experiencia en determinadas tareas, pero que no poseen una certificación formal que les permita acceder a puestos de mayor especialización.
El objetivo: priorizar a los trabajadores residentes
Durante la entrevista, Aravena sostuvo que la aplicación de la normativa apunta a que los recursos naturales de Santa Cruz tengan un impacto directo en las comunidades de la provincia, principalmente mediante el empleo y el desarrollo de actividades productivas.
En ese marco, señaló que la prioridad para los trabajadores residentes no implica excluir a quienes llegaron desde otras provincias, sino promover que quienes trabajan en Santa Cruz puedan también radicarse en el territorio provincial.
“El recurso es de los santacruceños”, sostuvo Aravena, al plantear que la actividad vinculada a los recursos naturales debe generar beneficios para la población provincial y contribuir al desarrollo de proveedores, pequeñas y medianas empresas y otras actividades económicas.
Cómo se incorporará a nuevos trabajadores locales
Uno de los interrogantes planteados durante la entrevista fue qué ocurrirá con los trabajadores que actualmente ocupan puestos en los yacimientos y que no son residentes de Santa Cruz, teniendo en cuenta que las empresas ya cuentan con sus planteles conformados.
Al respecto, Aravena explicó que cada compañía deberá establecer sus propios mecanismos para avanzar en la adecuación al esquema previsto por la legislación. Entre las alternativas mencionó la promoción de trabajadores, la formación profesional y la búsqueda de personal en institutos terciarios y universidades de la provincia.
Autofarma: salarios adeudados y continuidad de las fuentes laborales
En otro tramo de la entrevista, Aravena se refirió a la situación de los trabajadores del grupo Autofarma, quienes plantearon ante la autoridad laboral una deuda correspondiente a los salarios de junio y julio, además de la primera cuota del aguinaldo.
Según explicó, el organismo recibió a un grupo de trabajadores y posteriormente convocó al gremio y a la empresa a una audiencia de conciliación. En ese ámbito, la parte patronal manifestó el compromiso de destinar los ingresos que fueran obteniendo al pago de las obligaciones salariales.
Aravena informó que, hasta el momento, no se registraban despidos y que se continuaba trabajando para procurar el pago de los salarios adeudados. También señaló que se encontraba en marcha una instancia destinada a requerir ingresos pendientes de la empresa para que puedan ser destinados a cancelar las obligaciones con los trabajadores.
Finalmente, indicó que los propietarios del grupo habían informado sobre conversaciones con empresarios del mismo rubro ante una eventual venta o negociación que permita garantizar la continuidad de la actividad y, principalmente, sostener las fuentes laborales.
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